Kakistución[1]
Nuestros queridos legisladores se han esforzado durante todo el año 2009 por luchar en contra de que una Constitución de cuestionable calidad pueda terminar ya de definirse, es decir que todo dominicano pueda ya, sin la más mínima duda, sentirse orgulloso de su Kakistución.
Algunos sectores celebran el controversial art. 30, otros prefieren llorar el preliminar, pero todos esperamos con ansias aquellos nuevos derechos que nos brinda el título II de la nueva Constitución. En un país como el nuestro, en el que siempre ha sido muy fácil para las autoridades olvidarse de los derechos que tiene la población y hacer cuanto se le pegue la gana, existe en principio poca esperanza que estos nuevos derechos sean defendidos y aplicados. La misma Constitución nos daba una luz en el camino: un tribunal dedicado a cuestiones constitucionales que sirva como una verdadera forma de asegurarle a la población que tendrá una vía para luchar para que tales derechos sean más que tinta sobre un “pedazo de papel”.
Pero los laboriosos legisladores al utilizar sus incomparables intelectos se dieron cuenta de que esto no les convenía, ello podría conllevar a que la ciudadanía en general tuviera una manera de hacer valer sus intereses por encima de los intereses de aquellos que tienen el deber de representar sus intereses. Eliminan entonces en primera lectura tal arma, borran de la reforma el tribunal constitucional y parece ser que no les salió buena la jugada, muchas fueron las voces que se alzaron en queja de tal omisión.
Ante esto, los legisladores deciden que talvez se equivocaron y comienzan a considerar la posibilidad de reintroducir en segunda lectura la figura del tribunal constitucional en la reforma que ahora se discute en el congreso. Sin embargo, aquellos de arriba al enterarse de la posibilidad de que los legisladores pudieran cometer tal estupidez, rápidamente se reunieron y firmaron un genial acuerdo destinado a crear ese tribunal sin que representase un peligro para ellos.
¿Cuál es la genial solución? Fácil, se crea dicho tribunal pero se restringe fuertemente[2] su acceso a los ciudadanos, estableciendo que estos deben tener “interés legítimo y jurídicamente protegido”, validando así la nefasta jurisprudencia creada por el caso Sun Land. Más o menos así como enseñarle un helado a un niño, saborearlo, opinar sobre lo bueno que está, para luego dejarlo caer en el asfalto caliente. El helado sigue ahí, pero no servirá más que para algunos perros callejeros dispuestos a lamer el asfalto. Mi país, que no es mío, me lo quieren robar.
[1] Formado de la palabra Kakistocracia (gobierno de los menos cualificados) y Constitución.
[2] Siempre existe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional haga caso omiso a los precedente sentados por la sentencia del Caso Sun Land, entendiendo que la constitucionalidad de la legislación y de los actos del gobierno es de interés de todo ciudadano dominicano. Considero que si realmente existiera una intención de abrir el acceso a dicho tribunal, los legisladores hubieran procurado una redacción más clara.
